Al igual que las carreteras en el mundo físico, actúan como los cimientos sobre los que se prestan servicios públicos, se intercambian datos y se construye confianza social. Incluyen elementos como la identidad digital, los espacios de datos y los sistemas de pago, garantizando la inclusión y el acceso equitativo a los servicios esenciales.

Estas infraestructuras no son meros soportes técnicos, sino activos críticos de soberanía y cohesión social. Permiten preservar la identidad de personas y organizaciones, asegurar la confidencialidad en los intercambios de información y proporcionar medios confiables de pago en la relación con los servicios públicos. Su diseño está guiado por principios de inclusión, derechos digitales y cumplimiento normativo, reforzando la capacidad de los Estados para proteger a la ciudadanía en entornos crecientemente digitalizados.

Además, constituyen un pilar estratégico para la autonomía tecnológica de Europa. Desde la nube y la ciberseguridad hasta la inteligencia artificial, las infraestructuras públicas digitales son herramientas de resiliencia y soberanía frente a dependencias externas. Representan también una respuesta a los grandes retos geopolíticos, posicionando a la IA y a los datos como activos estratégicos para la competitividad y la seguridad de los países.